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Capítulo 8 (y último): La Agencia de Transparencia de la AMB concede irregularmente una subvención a la Fundación Hay Derecho

Relato de una paradoja: unas entidades que pregonan la integridad y el uso del derecho, lo deniegan en propia cocina.

Veremos a continuación un claro caso de amiguismo.  Veremos que un cúmulo de despropósitos culminan en mi opinión (he controlado subvenciones durante 22 años) con el pago indebido de una subvención por parte de la Agencia de Transparencia de la AMB (Area Matropolitana de Barcelona) a la fundación madrileña Hay Derecho.

Todo muy a cuento con aquel refrán de: "Consejos vendo que para mí no tengo"

La cosa fue así:

-1) Hay Derecho me entrevista (junto a otros 6 denunciantes) en un estudio -subvencionado-, y me preguntan si estoy satisfecho de cómo va la investigación que entre varios presentamos en la Agencia Antifraude Valenciana. Digo que no, motivándolo, y Hay Derecho censura esa respuesta (a petición del director de la Agencia Antifraude Valenciana Sr. Joan Llinares) .

Por ello, 11 denunciantes solicitamos a Hay Derecho levantar tal censura, pero no aceptan (se explicaba esto en el anterior Capítulo 7)

El 2 de agosto de 2021 se escribió a Hay Derecho:  

"Un periodista me ha informado de la publicación de un comunicado vuestro, titulado D. Carlos Martínez retira su candidatura al VI Premio Hay Derecho".  Como ya os dije, retiré mi candidatura ante la censura que aplicasteis a parte de mi entrevista (el 11% de ella, incumpliendo el compromiso de publicarla completa). Sobre ese reciente comunicado, veo una frase casi hacia el final, con la que discrepo especialmente:  "Se han eliminado -las acusaciones personales vertidas-" (ojo a esto)   Os pido que adjuntéis mi réplica al comunicado:"

 

-2) Al no obtener respuesta, en octubre de 2021 se insistió, recalcándoles: 

"En vuestra entrevista respondí a la pregunta de si estaba satisfecho, o no, de cómo iba la investigación en la Agencia Antifraude Valenciana (sobre la denuncia del fraude en la formación que ahí presentamos en 2018 cuatro denunciantes)   Si estos cuatro denunciantes coincidimos en no estar satisfechos por los motivos que expliqué en la entrevista, no creo que eso sean "verter acusaciones personales"  En mi respuesta describí lo que sentimos, relatando además los HECHOS que ocasionan dicho sentimiento de descontento. Esos hechos (contrastados mediante grabación) consisten en la llamada de un funcionario, en aquel entonces del Servicio Valenciano de Empleo (ojo: actualmente Jefe de Comunicación de la Agencia Antifraude Valenciana) pidiendo -indebidamente- a un denunciante, y con engaños, las pruebas que éste último había presentado a Fiscalía.

Cuando el funcionario las obtuvo, y tras confirmar recepción, nada más se supo de él (a pesar de la promesa de:"tú envíame a mi correo las pruebas que entregaste a Fiscalía, que enseguida te diré algo de lo que la Dirección de Empleo decida").  

Evidentemente estamos descontentos, si vemos que ahora la Agencia Antifraude Valenciana incorpora funcionarios que han engañado a denunciantes. En este caso el funcionario fue incorporado como Jefe de -COMUNICACIÓN-, cuando antes había cortado la -COMUNICACIÓN- con un denunciante. Es como premiarle.

También pensamos que la investigación queda contaminada, ya que precisamente la actuación de este funcionario (la grabación de la conversación) figura entre las pruebas para la investigación del caso. Se crea un conflicto de intereses.

Otra cuestión que nos plateamos es: ¿Y si este funcionario vuelve a repetir, poniendo más pruebas en manos indebidas? Ahora que está en una Agencia Antifraude lo tendría más fácil.

Volviendo a lo de "las acusaciones personales vertidas":  En mi entrevista cuestiono actos de otras 8 personas y nada pasó, no visteis problema. Los otros 6 denunciantes entrevistados también cuestionan actos de personas u organizaciones concretas y nada pasó.   Así por ejemplo uno dijo que "los de la Oficina Antifraude Catalana deberían sentarse en el banquillo de los acusados", y no hubo problema, eso sigue en el video e informe.

Sin duda las actuaciones de los funcionarios pueden ser cuestionadas por los ciudadanos. Es un derecho que tenemos.  Debería haber suficiente madurez para poder exponer nuestro enojo -sin represalias-, explicando tal engaño, cuando además este funcionario quebrantó el deber de reserva en las investigaciones de Fiscalía" y hay pruebas (la grabación) que lo evidencian. 

 

-3) Finalmente, el 15 de octubre de 2021 desde la Fundación Hay Derecho escribieron una lacónica respuesta:    "Hola Carlos, tras consultarlo me han comentado que no se subirá la réplica en la web de la Fundación".

Primero censuran la respuesta alegando públicamente que "se vierten acusaciones personales", y luego deniegan el derecho a poder replicar esa publicación. 

No sorprende que luego las conclusiones del estudio de la Fundación Hay Derecho (que está subvencionado, ojo) vayan con esta falsedad (pág 61): "Los denunciantes entrevistados valoran muy positivamente a la Agencia Antifraude Valenciana".  

Evidentemente si se eliminan respuestas en que se habla de -descontento-, el estudio -subvencionado- saldrá con conclusiones falsas, pasando a ser un acto publicitario para la Agencia Valenciana. 

El conocido denunciante sevillano Teodoro Montes comentó a todo esto: "He leído la transcripción de esa grabación del funcionario con el denunciante, y lo que le pide es inadmisible desde varios aspectos. Lo que han hecho los de la Agencia Antifraude y Hay Derecho es darnos una larga cambiada a los denunciantes" ("Larga cambiada: término taurino que describe el lance de un torero, generalmente de rodillas, moviendo el capote sobre su cabeza y burlando la embestida del toro, dándole la salida por su lateral").

La denunciante barcelonesa Itziar González, también entrevistada por Hay Derecho, escribió: "Estoy disconforme con esa censura. La Agencia Valenciana no puede vetar que se publique. Eso sólo lo puede dirimir un juez. Es raro que Joan Llinares no respete tu entrevista... creo que la Fundación Hay Derecho debiera replantearse la censura. Hay que dejar que se publique y luego que la Agencia diga lo que no comparte. Yo en la entrevista hablé mal de la Oficina Antifrau Catalana y lo han dejado..."

La Fundación Hay Derecho, con la Sra.(abogada del Estado) Elisa de la Nuez al mando, vulnera al menos dos derechos:

-Derecho de libre opinión (derecho que ampara la Constitución y varias disposiciones internacionales)

-Derecho de réplica o rectificación, previsto en la Leyes Orgánicas 2/1984 y en la 3/2018 (art.85)

 

-4) Y ojo, porque estas infracciones relatadas aquí y en el anterior Capítulo 7, culminan con el cobro de una subvención indebidamente otorgada.  Las entrevistas que esta fundación madrileña hizo a seis denunciantes de corrupción catalanes, pertenece a un proyecto subvencionado, para mayor paradoja, por la Agencia de Transparencia del Área de Barcelona).      ....Pero es que Ley General de Subvenciones (artículo 36.1) y la Ley 30/1992 (art. 62.1) declaran nulas las subvenciones concedidas cuando "se lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional." (En este caso la libre expresión de opiniones).

 

-5) Por ello, ante la censura aplicada en un estudio subvencionado que va además con falsedades, se solicitó a la entidad concedente, la Agencia de Transparencia de la AMB, la revocación de esa subvención en base a lo arriba referido.

 

-6) La simplona respuesta denegando dicha revocación por parte de esta Agencia de Transparencia (dirigida por la abogada Gemma Calvet), fue: "Estimados alertadores, por indicación de la directora, a la vista de la respuesta de la Fundación Hay Derecho, damos la cuestión por aclarada."

 

En conclusión:    Si infringiendo el artículo 10 del Convenio Europeo de DD.HH. (que expresamente prohibe a los cargos públicos cometer -injerencia- sobre la expresión de opiniones) el Sr. Joan Llinares pide a la Fundación Hay Derecho que aplique indebida censura en un estudio subvencionado, y esa Fundación acepta aplicarla, siendo escrupulosos con la ley, la Fundación Hay Derecho debería devolver esa subvención. De lo contrario, el órgano concedente (en este caso la Agencia de Transparencia de la AMB) debería revocársela. Es lo que dice la ley.

Ésta es la "profesionalidad y transparencia" de esas tres organizaciones que tanto proclaman respetar y defender a los denunciantes de corrupción.

Diría que más bien los utilizan para sus propósitos.

Los de esa Agencia de Transparencia y la Fundación Hay Derecho deberían haberme advertido:   "En la entrevista, cuando te preguntemos si estás satisfecho con la Agencia Antifraude Valenciana, has de decir -sí-   Si no, diremos que viertes acusaciones y difamas"

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Para comprender bien este artículo, imprescindible leer los anteriores capítulos, especialmente el número 1: "Tú pásame las pruebas que has presentado a Fiscalía, lo hablo con dirección, y enseguida te llamo"

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