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Revisión ciudadana de expedientes

Ante el deliberado descontrol en las subvenciones FPE, un ejemplo de lo que podría hacer la ciudadanía.

Muchos formadores preguntan en Linkedin y otros foros qué se podría hacer para acabar con la situación de fraude en las partidas para docencia.
Ni el SEPE, ni los servicios de empleo autonómicos muestran estar por la labor, a pesar de la cantidad de quejas y denuncias recibidas.

Sin embargo, queda el recurso de que la propia ciudadanía entre en el asunto.
¿Cómo?  Pues entre otros pidiendo la revisión ciudadana de expedientes FPE.
La Ley de Transparencia y Buenas Prácticas da derecho a ello.
Que no se diga que la ciudadanía tiene recursos legales a los que renuncia.

Detallo a continuación un caso real de este tipo de revisiones:

A finales del 2016, al amparo de la citada Ley de Transparencia, el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción pidió a la entidad municipal Barcelona Activa (del Ayuntamiento de Barcelona) una revisión de la documentación de los cursos para desempleados que tuvo aprobados por el SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) para el ejercicio 2014, en base a la convocatoria Orden EMO 314/2014 (se adjunta)

En febrero de 2017 Barcelona Activa se avino a facilitar parte de la documentación solicitada.

La entidad tuvo para aquella convocatoria 5 cursos subvencionados:
3 de Atención sociosanitaria a dependientes en instituciones y
2 de Organización y gestión de almacenes,


En los 5 cursos se imputaba a los docentes entre 40 y 45 euros/hora.
Si así fuera, (habría que hablar con los formadores para confirmarlo) se tendría  que felicitar a Barcelona Activa por cumplir la normativa, en este caso con el anexo 7 de la Orden EMO 314/2014, que dice:
"El porcentaje mínimo destinado a los gastos del personal formador es de un 40% del gasto total justificado. En caso de no llegar a este porcentaje la diferencia no se podrá imputar a otros conceptos."

Decimos "felicitar", porque casi ningún centro de FPE de Cataluña acata tal disposición, destinando a los formadores sólo 15-25 euros/hora (representa el 15-20%de la subvención, en vez de ese 40% mínimo), apropiándose los centros de la diferencia.


- Viendo la documentación facilitada, los dos cursos de -Organización y gestión de almacén- los asumió directamente Barcelona Activa, contratando directamente los docentes para ello.

- Sin embargo, los tres de -Atención sociosanitaria- (Auxiliar de centros sanitarios) los subcontrató con tres entidades: Fundació SARquavitae, Tecnofisió S.L., y MAP Assessorament i Serveis S.L.
(a pesar de una gran polémica, la normativa permite la subcontratación de formadores con terceros, siempre que sea para conseguir los adecuados)

Sobre estas subcontrataciones, exponemos a continuación las irregularidades detectadas:

En las facturas de docencia (se adjuntan), la Fundació SARquavitae y Tecnofisió S.L. reciben de Barcelona Activa unos importes a razón de 45 euros/hora, mientras estas dos entidades sólo destinan a sus docentes  26,4 euros/hora la primera, y 24,05 la segunda. (se destacan con flechas rojas).

Esto implica, ya sólo viendo la documentación facilitada, unos 15.000 euros mal justificados (el 11% de la subvención total), que se pierden por el camino de la subcontratación, cosa que expresamente prohíbe la Orden EMO 314/2014 en su artículo 7 sobre subcontratación:

7.3 "El importe íntegro de la subcontratación tiene que ir destinado exclusivamente a financiar la dedicación del personal formador, por lo tanto se traducirá en los costes salariales de la contratación del personal formador y se tiene que ver repercutido en sus salarios exclusivamente."

Como puede verse, la tercera empresa, MAP Assessorament i Serveis S.L, sí parece cumplir, imputando los 45 euros/hora (se destaca con flechas verdes) que recibe de Barcelona Activa íntegramente a sus docentes. (Cosa que sería interesante también comprobar telefoneando a alguno de sus docentes).

Conclusión:
A partir de la documentación facilitada por Barcelona Activa, se detectan unos 15.000 euros de estas subvenciones (el 11% del total) indebidamente utilizados, que deberían ser reclamados y retornados al SOC para programas públicos.

Tal incidencia se comentó verbalmente a Pilar Llorens Argerich, responsable de contractació i transparència, Direcció de Serveis Jurídics.

El resultado de esta revisión se pasó al al Buzón Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona (de reciente creación).
Este servicio respondió al cabo de un mes.
En el siguiente artículo se adjunta la respuesta.

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