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Cataluña desacata el Reglamento Europeo.

Cataluña elimina las normas de control en las subvenciones para formación (subvenciones en buena parte europeas).

El 15 de enero de 2020 se presentó al Defensor del Pueblo Catalán (Síndic de Greuges) la siguiente queja:

(Nombre, DNI, fecha y datos de contacto).... INFORMO a esta Sindicatura que la Conselleria de Treball (perteneciente a ERC), ha eliminado (desde octubre de 2018) las normas que en Cataluña regulaban -desde 1994- el correcto uso de las subvenciones para Formación Ocupacional (cursos para desempleados).

Si bien desde el Govern Català se proclama aquello de "Tolerancia cero frente a la corrupción", "Hay que aumentar las normas y controles frente a la corrupción" y "La transparencia ha de regir en las actuaciones del Govern", pues vemos que al menos en el caso de la Formación subvencionada a Desempleados ocurre todo lo contrario.

Lo detallo a continuación:

1- En octubre del 2018 se publicó la Orden TSF/170/2018, de 8 de octubre, sobre las nuevas bases reguladoras de la Formación Ocupacional, firmada por el Conseller de Treball Chakirr el Homrani.

2- Esta Orden derogó la anterior normativa de 2016, Orden TSF/288/2016, que había firmado la anterior Consellera, Sra.Dolors Bassa.
Esta anterior normativa (y también las de muchos años anteriores) era concreta y ejemplar. En el Anexo 4 -Gastos subvencionables- establecía perfectamente una serie de normas específicas de estos gastos, para el correcto uso de estas subvenciones (en buena parte cofinanciados por la Unión Europea).

3- Sin embargo, con la derogación de ésta y la aparición en 2018 de la nueva normativa reguladora, la mencionada Orden TSF/170/2018, si nos fijamos en la Base 9 -Gastos subvencionables-, vemos ahora la inconcreción, han desaparecido todas esas normas específicas de los gastos subvencionables.

4- Con ello retrocedemos al año 1993, en que no había normas específicas, y las subvenciones de los cursos de parados las distribuían los centros de formación a su antojo. Volvemos ahora, por decisión de la actual Conselleria de Treball, a 25 años atrás, en que no había normas y los centros de formación podían usar esas millonarias subvenciones a su libre criterio.
Con ello, se propicia la opacidad y el descontrol, facilitando un enorme desvío de fondos públicos, de cientos de millones de euros, un dinero muy especial destinado a los desempleados catalanes, colectivo en situación de vulnerabilidad.

Referente a la opacidad y descontrol:
-Al vaciarse de contenido la nueva normativa, se impide que los técnicos del SOC tengan referencias normativas para efectuar las oportunas verificaciones.
-También se impide ahora que los formadores catalanes tengan conocimiento de ese 40% mínimo que debía (y sigue debiéndose destinar) a ellos de estas millonarias subvenciones.

5- Esta eliminación de las normas específicas de los Gastos subvencionables incumple el

Reglamento Europeo,

Reglamento UE No 1303/2013, disposición 45:

"Es necesario establecer normas específicas relativas a los importes que han de aceptarse como gasto subvencionable al cierre de un programa, a fin de garantizar que los importes, incluidos los costes y las tarifas de gestión, abonados por los Fondos EIE a instrumentos financieros se empleen efectivamente en inversiones en destinatarios finales."

Es decir:

"Es necesario establecer normas específicas relativas en los gastos subvencionables, para GARANTIZAR que los importes se empleen en inversiones en destinatarios finales."

Si en vez de establecer esas normas específicas, se eliminan, tal como repito ha hecho la actual Conselleria de Treball,
lo de GARANTIZAR pasa a "DIFICULTAR que los importes se empleen en inversiones en destinatarios finales."

Por todo ello les solicito que realicen las oportunas averiguaciones y actúen en consecuencia, requiriendo a los responsables de la Consellería de Treball que acaten el Reglamento Europeo, volviendo de nuevo a establecer en Cataluña las normas específicas eliminadas.

En espera de respuesta de esta Sindicatura de Greuges, reciban un cordial saludo.

Atentamente

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El caso lo llevó, entre otros, un adjunto del Síndic de Greuges, que es catedrático de Derecho Internacional Público (Jaume Saura Estapà)

Tras unos meses, el 16 de julio de 2020 el Síndic de Greuges respondió:  "Entendiendo que hay que garantizar el principio de legalidad, hemos sugerido a la Consellería de Treball corregir ese déficit normativo. Estamos a la espera de que se tengan en cuenta dichas sugerencias"

 Añadir que antes de dirigir la queja al Síndic, se había presentado a la Oficina Antifraude de Cataluña, la cual archivó. Respondió que sólo veían -Irregularidad administrativa-, pero no delito,  por lo cual archivaban (a pesar de que en esa Oficina existe una sección de Prevención del fraude).

También se había presentado el caso al responsable de Transparencia y Ética de ERC (Lluís Mombiela). Éste agradeció la llamada de atención ("Agraeixo la seva colaboració. En els propers dies procediré a estudiar els riscos que vostè assenyala.  Sense la participació crítica i la  vigilància de la ciutadania conscient i informada difícilment hi haurà millora de bon govern. Continuarem en contacte").    

Hermosas palabras. Ya no hubo más contacto. ERC optó por el silencio y mantener el ilícito.

Está por ver ahora si los de ERC-Consellería de Treball-Generalitat de Cataluña están por atender las sugerencias del Defensor del Pueblo Catalán, y el Reglamento Europeo.  Dudoso.

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